Su objetivo principal es establecer un marco legal que garantice la protección adecuada de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus condiciones laborales. Esta ley promueve la adopción de medidas preventivas y establece las responsabilidades tanto de los empleadores como de los empleados para asegurar un entorno laboral seguro y saludable.

Objetivo y ámbito de aplicación

La Ley busca proteger a los trabajadores mediante la prevención de riesgos laborales, promoviendo una mejora continua de las condiciones de trabajo. Establece que la seguridad y la salud de los trabajadores deben integrarse en todas las fases de la actividad de la empresa. Se aplica a todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, y abarca a todos los trabajadores por cuenta ajena. Además, las administraciones públicas, aunque con particularidades, también están sujetas a esta normativa.

Derechos y deberes

Uno de los aspectos fundamentales de la Ley es el derecho de los trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos laborales. Los empleados tienen derecho a recibir información sobre los peligros existentes en su puesto de trabajo, así como la formación necesaria para prevenirlos. Además, la ley contempla el derecho de los trabajadores a participar en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud laboral, a través de órganos de representación como los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud.

En cuanto a los deberes de los trabajadores, la ley establece que deben colaborar con el empleador en el cumplimiento de las normas de prevención, seguir las instrucciones y utilizar correctamente los equipos de protección y seguridad proporcionados.

Responsabilidades del empresario

La responsabilidad principal en la prevención de riesgos recae en el empresario. Este tiene el deber de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello, debe adoptar medidas preventivas adecuadas, tales como la evaluación de riesgos, la planificación de la prevención, la formación e información de los empleados y la vigilancia de su salud.

Asimismo, el empresario debe contar con una organización de la prevención que puede asumir diferentes formas, desde el uso de servicios de prevención internos a la contratación de servicios externos especializados. La evaluación de los riesgos en el entorno laboral es fundamental para identificar las posibles amenazas y definir las medidas preventivas más adecuadas.

Participación de los trabajadores

La Ley fomenta la participación activa de los trabajadores en la prevención de riesgos. Los trabajadores tienen el derecho de estar representados a través de los delegados de prevención, que son elegidos entre el personal y se encargan de colaborar con la dirección de la empresa en la implementación de medidas preventivas. Asimismo, en las empresas de mayor tamaño se establece la figura del Comité de Seguridad y Salud, que es un órgano paritario de consulta y participación entre empleadores y trabajadores.

Sanciones

En caso de incumplimiento de la ley, la normativa contempla un régimen sancionador que puede implicar multas para las empresas que no cumplan con las obligaciones establecidas. Las sanciones varían en función de la gravedad de la infracción, pudiendo llegar incluso a la paralización de la actividad en casos extremos.

En resumen, la Ley 31/1995 busca crear un marco de actuación preventiva en las empresas, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores mediante la responsabilidad del empresario y la participación activa de los empleados.